Pagar por transferencia… y terminar pagando más (+ video)

—Si paga por transferencia el pomo de aceite cuesta 4 000 pesos; si trae efectivo, 3 000.

La frase cambia de un establecimiento a otro, pero el mensaje es prácticamente el mismo. Durante un recorrido realizado por Radio Sancti Spíritus por diversos negocios privados de la ciudad del Yayabo fue posible comprobar una práctica que comienza a extenderse con preocupante naturalidad: algunos actores económicos aplican recargos de hasta un 50 por ciento cuando el cliente decide utilizar una pasarela electrónica de pago, mientras otros simplemente rechazan cualquier operación que no sea en efectivo.

La contradicción resulta evidente. Justo cuando el Banco Central de Cuba (BCC) pone en vigor un nuevo paquete de medidas para estimular los pagos electrónicos y reducir las trabas que todavía frenan la bancarización, aparecen conductas que avanzan exactamente en dirección opuesta.

Las disposiciones, vigentes desde el primero de agosto, modifican regulaciones relacionadas con el manejo del efectivo por los actores económicos e introducen nuevos incentivos financieros para favorecer que comercios y trabajadores por cuenta propia acepten con mayor frecuencia las operaciones realizadas mediante EnZona y Transfermóvil.

Pero, ¿qué cambia realmente con estas normas? ¿Favorecen a los vendedores? ¿Existe alguna base legal para cobrar más caro un producto cuando el cliente paga electrónicamente?

Sobre estas interrogantes se conversa con José Couzo Villarreal, jefe del Departamento de Banca de Negocios de la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Sancti Spíritus.

ADIÓS AL LÍMITE ÚNICO PARA EL EFECTIVO

José Couzo Villarreal, jefe del Departamento de Banca de Negocios de la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Sancti Spíritus.

La modificación más significativa, explica el especialista, está relacionada con la Resolución 111 del Banco Central de Cuba, que establecía un límite de 5 000 pesos para determinados pagos en efectivo entre actores económicos.

Esa cifra deja de existir.

Mediante la Resolución 74 de 2026 fueron modificados los artículos 4 y 5 de la norma anterior y ahora el monto destinado al denominado fondo para pagos menores o caja chica ya no será uniforme para todos.»Cada actor económico deberá negociar directamente con su banco el importe que necesita para ese fondo», explica Couzo Villarreal.

La decisión, aclara, no será automática ni dependerá únicamente de la solicitud del cliente.

«El banco evaluará diversos elementos: cuánto deposita ese actor económico en su cuenta, qué parte de esos ingresos corresponde a efectivo, si utiliza los canales electrónicos de pago, si emplea el servicio de Caja Extra, cuál es la actividad que desarrolla, las condiciones específicas del municipio e incluso la disponibilidad real de efectivo que tenga la institución bancaria», añade.

El cambio supone abandonar una regla general para adoptar un esquema más flexible, ajustado a las características particulares de cada negocio y a las posibilidades reales del sistema financiero.

CUANDO ACEPTAR TRANSFERENCIAS TAMBIÉN GENERA GANANCIAS

Si bien la eliminación del límite para el efectivo constituye el cambio más visible desde el punto de vista regulatorio, Couzo Villarreal considera que las modificaciones con mayor impacto práctico son las destinadas a estimular la aceptación de los pagos electrónicos.

Hasta ahora, cuando un cliente realizaba una compra mediante transferencia, la bonificación bancaria del seis por ciento beneficiaba exclusivamente al comprador.

Ese esquema cambia.

«La bonificación total continúa siendo del seis por ciento, pero ahora se redistribuye. El comprador recibirá un cuatro por ciento y el vendedor obtendrá un dos por ciento, con un límite máximo de 105 pesos por operación», subraya.

No es el único beneficio.

Paralelamente, disminuye la comisión bancaria que pagan los comercios por aceptar pagos electrónicos. «Antes el vendedor pagaba un 1,5 por ciento de comisión. Ahora esa comisión baja al 0,8 por ciento.»

El especialista insiste en que, lejos de aumentar las cargas financieras para los negocios privados —como ha circulado en algunos comentarios en redes sociales—, las nuevas disposiciones reducen sus costos.

«No existe ningún incremento. Todo lo contrario. Hay una reducción de la comisión que paga el vendedor y, además, recibe una bonificación», dice.

Incluso, realiza un cálculo práctico. «En operaciones de hasta aproximadamente 13 000 pesos, el comerciante obtiene un beneficio neto porque la bonificación supera el importe de la comisión. Solo por encima de esa cifra comienza a pagar una comisión efectiva, aunque sigue siendo inferior a la que existía anteriormente.»

La precisión no resulta menor si se tiene en cuenta que la mayoría de las operaciones comerciales cotidianas realizadas por la población se mantienen por debajo de ese monto.

«La mayor parte de las personas compra uno o dos litros de aceite, un paquete de pollo o productos similares. Son operaciones que generalmente no superan los 10 000 o 12 000 pesos», concluye.

BILLETES DE MAYOR DENOMINACIÓN: EFICIENCIA CON UNA ADVERTENCIA

Las nuevas medidas también autorizan la circulación de billetes de 2 000 y 5 000 pesos.

Desde la perspectiva institucional, explica Couzo Villarreal, la decisión busca disminuir los costos asociados a la impresión, el transporte, la manipulación y el conteo del efectivo.

Sin embargo, el directivo introduce una valoración personal que considera imposible ignorar.»A mi juicio existe una desventaja importante: esos billetes facilitan el atesoramiento.»

La preocupación parte de una realidad que el sistema bancario conoce bien.»Lo más probable es que una parte importante de esos billetes no regrese a los bancos, como ya sucede con otras denominaciones.»

UNA PRÁCTICA QUE CONTRADICE LA POLÍTICA DEL PAÍS

Las nuevas disposiciones nacieron precisamente para estimular el empleo de los pagos electrónicos.Por eso resulta especialmente llamativo que algunos establecimientos hayan optado por castigar al consumidor que utiliza esa modalidad.

Este propio reportero pudo comprobar que, en algunos negocios, el precio de determinados productos aumenta considerablemente cuando el pago se realiza mediante transferencia bancaria.En algunos casos, el incremento alcanza el 50 por ciento.

La respuesta del Banco Popular de Ahorro es categórica.»No. Eso es totalmente ilegal.»

Para Couzo Villarreal no existe espacio para interpretaciones.»El precio de una mercancía debe ser único. No puede existir un precio para quien paga en efectivo y otro diferente para quien paga electrónicamente. Tampoco pueden establecerse incrementos porque el cliente utilice billetes de menor denominación. Todo eso constituye una violación”, enfatiza.

La ilegalidad adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que las nuevas medidas del Banco Central fueron concebidas precisamente para favorecer económicamente al vendedor.

«Estas disposiciones buscan incentivar la aceptación de los pagos electrónicos. Si un actor económico hace exactamente lo contrario, está incumpliendo lo establecido.»

MUCHO MÁS QUE UNA RESPONSABILIDAD BANCARIA

Frente a estas irregularidades, Couzo Villarreal recuerda que la respuesta no corresponde únicamente a las instituciones financieras.

En cada municipio funcionan comisiones de bancarización integradas por representantes del Gobierno, la ONAT, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuerpos de inspección y los bancos, con la responsabilidad de enfrentar este tipo de violaciones.

«Esas comisiones tienen que actuar frente a estas manifestaciones», aclara.

LA AFIRMACIÓN TRASCIENDE EL ÁMBITO FINANCIERO

Porque detrás de cada transferencia rechazada o de cada recargo aplicado ilegalmente no solo se vulneran los derechos del consumidor. También se erosiona la confianza en una política pública concebida para disminuir el uso del efectivo, modernizar las transacciones y facilitar la vida cotidiana de la población.

Las nuevas disposiciones del Banco Central representan, probablemente, uno de los ajustes más importantes realizados a la bancarización desde que comenzó este proceso. Introducen mayor flexibilidad para los actores económicos y convierten al vendedor en beneficiario directo de los pagos electrónicos.

Sin embargo, el verdadero alcance de estas medidas no se decidirá en las resoluciones del Banco Central ni en los incentivos financieros que ahora reciben vendedores y compradores. Se pondrá a prueba frente al mostrador de cada establecimiento. Porque mientras un consumidor tenga que pagar más por utilizar el medio de pago que el propio Estado promueve, la bancarización seguirá enfrentando su mayor desafío: convertir las normas en una práctica cotidiana y la confianza ciudadana en su principal respaldo.