Claves sobre las 176 medidas y la venta de activos estatales

En la más reciente emisión del segmento Caminos Jurídicos de la revista informativa Como lo Oyes, el profesor Yhovanny Ricardo Reyes Castro abordó las dos normas ya publicadas en el marco de las 176 medidas económicas, y explicó el alcance de futuras transformaciones en el sistema empresarial cubano, como la posible venta de acciones y la enajenación de activos estatales.

Primeras normas y eliminación de precios topados

El especialista recordó que, hasta el momento, solo se han publicado dos disposiciones relacionadas con las 176 medidas. La primera mantiene la exención tributaria a la importación de cinco productos: pollo troceado, pastas alimenticias, aceite y otros. Sin embargo, elimina el precio topado que existía anteriormente, porque resultó incontrolable y provocaba que los productos se ocultaran y se vendieran de manera ilegal a precios más altos.

La segunda norma crea el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, encargado de gestionar la venta, liquidación y reconversión de empresas estatales.

Venta de acciones y enajenación de activos

El profesor Reyes Castro explicó que se prevé la venta de acciones de empresas estatales, aunque aclaró que no se trata de una bolsa de valores ni de capital especulativo, sino de una forma de capitalizar las empresas.

Cualquier persona natural o jurídica, cubana o extranjera, podrá comprar acciones de aquellas empresas que así se decida. También se podrán vender empresas completas, aunque sectores estratégicos difícilmente serán privatizados totalmente.

El especialista insistió en que no se venderán tierras, playas, ríos ni yacimientos minerales, ya que la Constitución lo prohíbe expresamente.

Licitaciones y transparencia

Para garantizar la transparencia en estos procesos, se exigirá una licitación pública donde se describan las condiciones del negocio y los compromisos del oferente.

El profesor subrayó que, aunque las licitaciones han estado asociadas a actos de corrupción en el mundo, son necesarias para evitar decisiones discrecionales y asegurar que el Estado obtenga el mejor acuerdo posible. Todas estas transformaciones requieren un paquete normativo que comenzará a publicarse en julio y agosto, y que no necesita reformas constitucionales, sino legales, como una nueva ley de licitaciones y la definitiva ley de empresas.