Un pacto de confianza entre el pueblo y el Estado en Cuba

El 24 de febrero de 2019, Cuba promulgó una nueva Constitución que marcó un hito en la historia institucional del país. A siete años de aquel acontecimiento, el aniversario de la Carta Magna invita a reflexionar sobre los avances, desafíos y perspectivas en torno a su implementación, especialmente en lo referido a los derechos ciudadanos y los mecanismos de participación popular.

La Constitución de 2019 fue fruto de un amplio proceso de consulta popular, en el que millones de cubanos participaron mediante debates en barrios, centros de trabajo y universidades. Este ejercicio democrático permitió que el texto final recogiera las aspiraciones de la sociedad y reafirmara principios esenciales como la independencia nacional, el carácter socialista del sistema político y la centralidad del pueblo como protagonista de la vida pública.

Uno de los aspectos más significativos de la nueva Carta Magna es la ampliación del catálogo de derechos. Se reconocen con mayor claridad garantías vinculadas a la igualdad, la no discriminación, la libertad de pensamiento y expresión, así como derechos económicos, sociales y culturales. La Constitución también incorpora el derecho a la defensa judicial y establece mecanismos para la protección de los ciudadanos frente a posibles vulneraciones.

En estos años, se han dado pasos concretos para materializar tales derechos. La aprobación de leyes complementarias, como el Código de las Familias en 2022, ha sido un ejemplo de cómo la Constitución sirve de base para avanzar en la equidad y la inclusión. Asimismo, se han fortalecido las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales, aunque persisten retos en la eficacia de los mecanismos de reclamación y en la cultura jurídica de la población.

La Constitución de 2019 ratifica que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. En consecuencia, se han promovido espacios de participación que van más allá de los procesos electorales. La consulta popular para la elaboración de leyes, la rendición de cuentas de los delegados y el fortalecimiento de las organizaciones de masas son expresiones de este principio.

El referendo constitucional mismo fue un ejercicio de participación inédita, que consolidó la práctica de someter a la decisión ciudadana cuestiones de gran trascendencia. Posteriormente, el referendo sobre el Código de las Familias reafirmó esta tendencia, al mostrar que la democracia socialista se nutre de la implicación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones.

No obstante, el camino de la implementación ha estado marcado por desafíos. La actualización del marco legal requiere tiempo y recursos, y aún existen leyes pendientes de aprobación para dar plena operatividad a los derechos reconocidos. Además, la crisis económica derivada del bloqueo ha limitado la capacidad del Estado para garantizar ciertos derechos sociales en toda su extensión.

Otro reto es la necesidad de fortalecer la cultura constitucional. Aunque la Carta Magna es un referente normativo, todavía se requiere mayor divulgación y educación cívica para que los ciudadanos conozcan sus derechos y los mecanismos disponibles para ejercerlos.

El aniversario de la Constitución de 2019 es ocasión para reafirmar el compromiso del Estado y la sociedad con la construcción de un país más justo, inclusivo y participativo. La consolidación de los derechos ciudadanos y la profundización de los mecanismos de participación popular son tareas permanentes, que demandan creatividad, responsabilidad y unidad.

Fuentes: Cubadebate, Periódico Escambray, Periódico Granma