Sistema de medios públicos: transformación posible
Radio Sancti Spíritus se encuentra de cara la transformación editorial y económica.
Que el periódico Escambray, más temprano que tarde, se abra a la publicidad o incluya, dentro de su cartera de negocios, la elaboración de campañas, estrategias y planes de comunicación para personas jurídicas o naturales, se avista como una posibilidad real.
Por similar camino transitará en la provincia Radio Sancti Spíritus, que pondrá a disposición de sus clientes potenciales un aula climatizada y con equipamiento tecnológico, y uno de sus estudios de grabaciones.
Ambas instituciones permanecen de cara a un experimento, que comprende a otras 14 del país, dentro del sistema de medios cubanos, que tributará directamente a la construcción de un nuevo modelo de prensa pública, aterrizado en las condiciones del socialismo a la manera cubana.
Dicha transformación debe expresarse en dos líneas: en la gestión editorial y en la económica, que implicará, en este último caso, el diseño de una cartera de oportunidades y, por ende, la oferta de una serie de bienes y servicios a entidades estatales y privadas, así como a la ciudadanía, en consonancia con las potencialidades de cada organización periodística seleccionada.
Una pregunta sobreviene: ¿en qué circunstancias el sistema de medios públicos cubanos iniciará el proceso de transformación gradual del modelo de prensa, que funcionó en otro contexto y que anda, a duras penas, en muletas en pleno siglo XXI?
De seguro, la mayoría coincidimos en que el país ha valorizado la comunicación social como recurso estratégico de dirección y pilar esencial de la gestión estatal y gubernamental, con manifestaciones palmarias en los últimos años; léase, la aprobación en 2018 de la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos.
En lo estratégico, la referida política intenta sepultar —desde su letra y espíritu— el paradigma verticalista, unidireccional y polvoriento de los mass media; y en el plano práctico, les suelta las riendas a la publicidad y al patrocinio, y acuña tres modalidades para el sustento económico del sistema de medios públicos: el presupuesto del Estado, unidades presupuestadas con tratamiento especial y empresas de comunicación.
La jerarquía dada por el sistema político a la comunicación social lo atestigua, además, el proyecto de Ley de Comunicación Social, la cual ayudará a crear las bases legales e institucionales para la transformación del sistema de prensa en Cuba.
Como era previsible, la futura norma lleva la sangre de la Política de Comunicación Social y, en consecuencia, refrenda la posibilidad de que nuestros medios apliquen diferentes esquemas de gestión económica, cuyos primeros saldos los dejará la implementación del mencionado experimento.
Esa ventana abierta de par en par, lógicamente con regulaciones, acontecerá en un escenario nacional marcado por la actualización del modelo económico, sacudido de manera telúrica por transformaciones impensadas décadas atrás.
En suma, un nuevo modelo económico y social clama a gritos por otro modelo de prensa pública para este socialismo a lo cubano, que apuntale, con sólidos cimientos y fuertes horcones, el consenso nacional en torno al proyecto político de la Revolución.
Para la transformación de ese modelo de prensa resulta imprescindible levantarle el acta de defunción y enterrar a mil metros el periodismo verticalista y de reafirmación, que cumplió sus funciones en otro contexto histórico, como lo ha recalcado el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo Bello.
Desde una visión macro, el propio Ronquillo ha defendido una idea, que también suscribimos: la construcción de otro modelo de prensa pública debe sustentarse en tres pilares esenciales: un nuevo tipo de vínculo entre el sistema de medios públicos y el sistema de instituciones, un nuevo modelo de gestión editorial y un nuevo modelo de gestión económica.
Independientemente del alcance y las particularidades que le asisten a cada proyecto de transformación de las 16 organizaciones periodísticas que emprenderán el experimento, pueden establecerse algunas regularidades que debieran observarse en el diseño de las formas de gestionar los procesos editoriales al interior de las instituciones seleccionadas.
Hablamos, por ejemplo, de la complementariedad entre la gestión editorial y la económica, orientada siempre al cumplimiento de la función social clave del medio. La reformulación del objeto social, lejos de minimizar, deberá enriquecer los propósitos misionales inherentes a la prensa pública.
En el plano ético, los colectivos y cada integrante, en lo individual, encararán uno de los mayores desafíos: lidiar con un mercado de bienes y servicios, no explorado anteriormente por la casi totalidad de los medios cubanos. Ello implicará, de hecho, la reactualización de los códigos deontológicos.
En otras palabras, el deber profesional no puede subordinarse al mercado, como advirtió tiempo atrás la vicepresidenta primera de la UPEC, la doctora en Ciencias de la Comunicación Rosa Miriam Elizalde.
En los nuevos modos de gestionar editorialmente nuestras organizaciones deben dialogar las producciones periodísticas y las no periodísticas; lo que conducirá necesariamente a incrementar la cultura profesional, en general, de los colectivos.
Al propio tiempo, los reacomodos de la gestión editorial conllevarán a la transformación de los medios en verdaderas organizaciones multicanales, lo cual presupone la integración de los soportes tradicionales y digitales, no alcanzada óptimamente en gran parte de los medios públicos, debido, entre otras razones, a la carencia de infraestructura tecnológica y de saberes profesionales.
En otro orden, la materialización de los procesos innovativos editoriales debe contribuir a que las organizaciones periodísticas actúen como uno de los mecanismos de control popular, en menoscabo del criterio presente aún en no pocos reguladores externos, de considerar los medios entre los mecanismos de control político.
Al profundizar en dicho tópico, Ronquillo ha apelado a la entrevista concedida a TeleSUR en el 2018 por el Presidente Miguel Díaz-Canel, quien defendió en ese momento la idea de que la prensa debería formar parte de los mecanismos de control popular.
Como ha argumentado nuestro líder gremial, las circunstancias en que se levantó la Revolución, bajo la permanente hostilidad económica y mediática del gobierno de los Estados Unidos, condicionaron, por lo general, que prevaleciera la concepción de que la prensa fuera uno de los mecanismos de control político.
Aunque persiste el acoso de Washington, en la llamada era de la convergencia la nueva generación de dirigentes revolucionarios ha renovado las valoraciones en torno a la comunicación y a la prensa, en específico, en Cuba.
No sorprende, entonces, que el proyecto de Ley de Comunicación Social plantee que los medios fundamentales de comunicación social tienen entre sus responsabilidades la de “promover la participación de las personas en la elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas, como parte de los mecanismos de control popular”.
De ahí la necesidad de que los nuevos modelos de gestión editorial hagan valer ese precepto de la futura norma jurídica, la cual reconoce la función de contrapeso de la prensa como parte del control social y popular.
En esta somera enunciación, no puede eludirse otro desafío mayúsculo: la reconquista de la credibilidad de nuestro sistema de medios públicos, resentida a partir, básicamente, de que las audiencias accedieron a múltiples canales comunicativos informales, asociados, en lo fundamental, a las tecnologías de la información.
A las puertas del XI Congreso de la UPEC, convocado para julio venidero, podemos diseñar en el papel los más encumbrados modelos de gestión editorial y económica; pero si estos no contribuyen a elevar la credibilidad de nuestro periodismo y la autoridad social de los medios, ni siquiera nos quedaremos en la mitad del camino de la transformación de la prensa cubana.
