Reduce Cuba actividades prohibidas para el sector no estatal

En consonancia con las trasformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional, las autoridades cubanas han anunciado la reducción de las actividades no autorizadas para el sector no estatal.

La medida, que incluye la derogación del Decreto 107 y la implementación de un nuevo marco legal, busca ampliar la participación de los actores económicos privados en la economía nacional, en un contexto de profundas dificultades financieras y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

La información fue ofrecida en conferencia de prensa por la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea, quien detalló los alcances de esta actualización normativa que impacta directamente a empresas privadas, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.

Un proceso de escucha y actualización en medio de un contexto complejo

López Acea explicó que el nuevo decreto es el resultado de un «proceso de revisión, actualización e intercambio» con los propios actores económicos no estatales. «Escuchamos cuáles eran sus preocupaciones, algunas insatisfacciones, las recomendaciones y sugerencias», señaló, subrayando que el objetivo es que estas actividades no solo contribuyan al aporte económico con sus resultados, sino también a la mejora de los servicios y ofertas para la población.

La funcionaria enmarcó la decisión en el complejo escenario que atraviesa la isla, agravado por «el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos». Asimismo, vinculó la actualización a las transformaciones económicas y sociales aprobadas en la reciente Asamblea del Poder Popular celebrada en junio, que aconsejaron proceder a revisar las actividades que debían autorizarse o flexibilizarse para estar en coherencia con los nuevos lineamientos del país.

Coherencia con otras medidas estructurales: el Decreto-Ley 114

La presidenta del instituto fue enfática en señalar que esta flexibilización no es un hecho aislado, sino que forma parte de un paquete de medidas estructurales. En este sentido, recordó la existencia del Decreto-Ley 114, que ya permite la asociación económica y la creación de empresas mixtas entre entidades estatales y no estatales.

«Esto complementa todas estas medidas que se han venido tomando y realmente permite, facilita la participación de los actores económicos no estatales en la economía del país», afirmó López Acea, subrayando que el nuevo decreto y el Decreto-Ley 114 actúan de manera sinérgica para derribar barreras y facilitar la inserción del sector privado en el entramado productivo nacional.

Reducción histórica de actividades prohibidas

El punto central del anuncio es la notable disminución de las actividades vedadas para el sector no estatal. Según detalló la presidenta del instituto, el anterior Decreto 107 contenía un listado de 125 actividades prohibidas. Con la nueva normativa, que deroga al anterior, se ha producido una reducción sustancial:

• 46 actividades se eliminan totalmente del listado de prohibiciones, lo que significa que ahora quedan autorizadas sin restricciones.

• 35 actividades se modifican, lo que implica que se flexibilizan sus condiciones de operación o se abren nuevas aristas dentro de ellas, lo que a su vez «libera otras actividades» y radica otras prohibiciones.

En términos prácticos, esto se traduce en que el nuevo decreto mantiene un número significativamente menor de actividades reguladas o prohibidas, ampliando de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados en la isla.

Sectores estratégicos y ramas económicas beneficiadas

López Acea detalló que la flexibilización abarca un amplio abanico de sectores productivos y de servicios, lo que permitirá un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y del capital humano formado en el país. Entre las ramas que se verán beneficiadas, mencionó:

• Industria y manufactura: con énfasis en actividades vinculadas al Ministerio de Industria.

• Energía y minería: con autorizaciones que involucran al Ministerio de Energía y Minas.

• Transporte: con nuevas posibilidades de participación para actores no estatales.

• Comercio: ampliando el espectro de servicios y bienes ofertados.

• Salud y Educación: dos sectores sensibles donde se abrirán espacios para la participación privada, siempre en consonancia con las políticas sociales del país.

«De manera coherente con las transformaciones económicas y sociales que se han venido aprobando, estamos favoreciendo no solo el desarrollo de las fuerzas productivas en el entorno estatal, sino también en esa conexión con el sector estatal», puntualizó la funcionaria.

Mayor participación, mejor aprovechamiento del capital humano

Uno de los argumentos centrales de la medida es la optimización del capital humano. La presidenta del instituto destacó que Cuba cuenta hoy con un alto nivel de técnicos y profesionales que se desempeñan tanto en el sector estatal como en el no estatal.

«La flexibilidad de esas actividades va a permitir que contemos con todo ese capital humano para poder impulsar la economía», afirmó, añadiendo que la nueva normativa también facilitará una «mejor utilización de la capacidad productiva existente en el país en diferentes ramas de la economía», lo que, de implementarse correctamente, podría aportar resultados significativos.

Expresión territorial: el impulso a las economías locales

López Acea hizo hincapié en que la flexibilización no solo tendrá impacto a nivel central, sino que tendrá una «expresión también en los municipios, en las localidades». La medida permitirá que todo el potencial de actores económicos, tanto estatales como no estatales, se ponga en función de las soluciones a los problemas locales y al desarrollo de actividades económicas desde el nivel territorial.

«Todo lo que estamos haciendo va a permitir no solo una mirada del nivel central, sino que también […] va a permitir que todo el potencial que tenemos hoy de actores económicos, tanto estatales como no estatales, puedan aportar y puedan ponerse en función de las soluciones de los problemas locales», subrayó.

Cifras del tejido empresarial: más de 15.600 Mipymes aprobadas

En un dato relevante sobre el crecimiento del sector, la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales informó que en la actualidad existen más de 15.600 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ya aprobadas en el país. Se estima que para finales del mes de agosto, esa cifra ascenderá a prácticamente 16.000, a partir del proceso de aprobación de nuevas solicitudes.

«Con ese entramado de prácticamente hoy unas 15.600 y otras que están en proceso que completan casi unas 16.000, el sistema empresarial, el tejido empresarial del país realmente se incrementa», afirmó, destacando la consolidación de un ecosistema empresarial diverso y en expansión.

Aclaración: no es un proceso de privatización

En un momento clave de su intervención, Lázara Mercedes López Acea fue contundente al despejar cualquier interpretación que pudiera sugerir un giro hacia la privatización de la economía cubana.

«No es que estamos yendo a la privatización de la economía», enfatizó. «Mantiene la empresa estatal socialista ese papel fundamental que como empresa tiene, como este eje fundamental tiene, pero evidentemente se está ampliando y se le está dando más participación a los actores económicos no estatales».

La funcionaria explicó que la ampliación del espacio para el sector no estatal responde al potencial que estos actores tienen en términos de capital humano, recursos y capacidad de financiamiento e inversión, lo que les permite «incurrir en determinadas inversiones que pueden desarrollar las diferentes ramas de la economía» y, por tanto, tener una mayor participación en correspondencia con las necesidades del país.

Objetivos finales: bienestar de la población e igualdad de condiciones

López Acea resumió los dos grandes objetivos de esta flexibilización:

1. Aportar al bienestar de la población, mejorando la prestación de servicios y la oferta de bienes a los ciudadanos.

2. Poner en igualdad de condiciones a todos los actores económicos de la economía, favoreciendo el desarrollo de las fuerzas productivas en el sector no estatal e incrementando el sistema empresarial del país en todas sus ramas.

«Estamos entonces definiendo en este decreto, en esta flexibilización del decreto, una reducción notable de las actividades que no estaban autorizadas, por tanto se autorizan o condicionan un nivel importante de actividades que permite la participación de los actores económicos no estatales en la economía y poder entonces también aportar al bienestar de la población», concluyó.