Ley de soberanía alimentaria: más allá del papel

Frente al fogón o plato en mano, todos los por cuantos y por tantos de la  Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional,  la llamada ley SAN aprobada a mediados de 2022, en Cuba, parece desvanecerse.

También cuando armar una comida medianamente decorosa cuesta casi igual que un viaje a la luna, salvando la exageración.

Mucho más se deshojan sus capítulos y artículos de sus 44 páginas, cuando el país lleva meses que, desgastado entre las restricciones del bloqueo estadounidense y las carencias financieras internas, no puede garantizar ni en tiempo ni en cantidad, los productos de la canasta familiar normada, lo más elemental y perentorio que reciben los cubanos hace más de seis décadas.

Tal observación fue abordada con total transparencia  por el presidente del Parlamento cubano Esteban Lazo Hernández en la sesión de diciembre último: no puede hablarse de soberanía alimentaria, dijo, cuando esa canasta llega fraccionada  y escalonada al pueblo.

El llamado fue entonces a revolucionar la agricultura para producir aquí lo que las arcas estatales no pueden ya comprar,  pues solo por ese concepto durante el pasado  Cuba gastó, según datos del Ministerio de Economía y Planificación,   más de MIL 600 millones de dólares en importar solo los productos de la canasta, cifras que aumentan cada vez que en el mundo se disparan los precios.

Desde su proyección global, la soberanía alimentaria supone que cada municipio sea capaz de producir lo que necesitan consumir sus pobladores. Estimular que se siembre cada pedacito de tierra, a nivel micro domestico, de consejo popular y de territorio, mientras a simple vista las cantidad de tierra ociosa es casi tanto como la que hoy se cultiva

Desde su salida en Gaceta de Cuba ya todos los actores involucrados pueden repetir lo que contiene la ley la que da encargos, misiones y reviste de un andamiaje jurídico a las autoridades para llevar los incumplimientos incluso hasta tribunales.

Por tanto de su metodología, diagnostico  y capacitación pudieran hacerse doctorados ya que aquí todo el mundo sabe las hectáreas a sembrar por las demandas de la población, los famosos per cápitas y hasta cuantos animales criar para garantizar cinco kilogramos de carne por  habitante que parecen un eufemismo.

Pero ya se sabe que los números no se comen, mucho menos los informes. Con esa claridad fue enfocado el asunto en la más reciente reunión del  Buro Provincial del Partido.  A juicio de Deivi Pérez Martin, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido hay que ir midiendo cómo va impactando la ley pues la alimentación y sus precios es lo que preside hoy la opinión popular. Hay que incrementar los niveles productivos, dijo, para lograr autoabastecerse pues no nos podemos pasar la vida proyectando e implementando, mientras el pueblo dice, esto sigue igual.

En tales términos también se pronunció el gobernador Alexis Lorente quien expuso: “podemos hacer muchos planes y muchos números, pero si no hay arroz, plátano o yuca en el plato no se puede hablar de Ley SAN”

Es verdad que una cosa es el papel y otra muy distinta es la tierra donde deben ponerse los pies de todos, desde las casas hasta la nación pues no todos los terrenos se parecen, ni todos los bolsillos tampoco.

De ahí la importancia del llamado que hacía el gobernador de la provincia en el sentido de reevaluar el sistema de reuniones que se hacen en los teatros para ir más al campo.

A la ley le va a costar trabajo implementarse en una coyuntura donde los recursos por la canalita  son prácticamente inexistentes y a un productor le puede costar más de 20 mil pesos un rollo de alambre y más de 100 mil la goma de un tractor. Y se sabe, porque lo dicen los hombres del surco,  que la tierra no se produce con llamados ni entusiasmos.

Le va a costar trabajo sembrarse cuando ni siquera las empresas estatales cumplen su encargo y en Sancti Spíritus, un emporio arrocero nacional, hoy se produce casi diez veces menos que hace poco menos de una década y los almacenes de la EMPA no reciben hace mucho rato  los frijoles que hace ese mismo tiempo se picaban en los estantes de los mercaditos.

Entonces hacer que la ley de soberanía alimentaria se siembre y se recoja de verdad en los campos es más que un llamado,  una necesidad urgente de supervivencia nacional.