Ley de Comunicación Social: Implementación, el desafío por venir

En Cuba, la Comunicación Social no es plato de segunda mesa. Si alguien lo dudase, le sugiero, más que hojear, leer con detenimiento la reciente ley aprobada por la X legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuyo proceso de análisis, consulta y debate solo resultó aventajado por el de la Constitución de la República y el Código de las Familias.

Porque siempre quedan ideas por exponer, volvemos a la carga en torno a la disposición jurídica. Cuando esta norma ni siquiera gateaba, o sea, apenas era un anteproyecto y luego, proyecto, en fase de consulta especializada, promovió nuestra opinión, recogida en los comentarios “Una ley que derribará fincas” y “Comunicación social: una ley a fuego lento”.

Ninguna sociedad vive a la buena de Dios; por ello, toda legislación, regula, establece límites. La Ley de Comunicación Social no es la excepción; de ahí su valía como primer muro de contención para evitar el desparpajo en un área estratégica en cualquier país.

Sin embargo, la mayor resonancia del texto debiera verse en que constituye un nicho conceptual y catalizador de las potencialidades para el desarrollo de la Comunicación Social en los tres ámbitos definidos por el documento jurídico: el organizacional, el mediático y el comunitario.

Y después de aprobada la ley, ¿qué? Sobreviene el desafío principal: su implementación. La inquietud se alinea al criterio de cubanos y cubanas de la necesidad de un seguimiento más efectivo a las leyes suscritas por el Parlamento.

Lógico también sería que, por encima del escepticismo, cada estructura organizativa y cada persona, como componente del Sistema de Comunicación Social, hiciese lo posible y lo imposible para que este funcione con eficacia y no sea una entelequia, un ensueño vertido sobre el papel por los expertos a cargo de la redacción de la disposición jurídica.

En la antesala de la celebración del XI Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), previsto a sesionar en noviembre venidero, el gremio ha tenido en su mira la norma legislativa, enlazada a la Carta Magna, que reconoce el derecho de las personas a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la generada en los órganos y entidades, por supuesto, conforme a las regulaciones establecidas; asunto que tradicionalmente ha promovido disímiles opiniones.