Ley de Comunicación: dos años después

Que dos años después de la implementación de la Ley de Comunicación en Cuba existan personas que no la conozcan, incluso algunas que deben cumplirla como Biblia, no sorprende. Desde el mismo día del anuncio de su futura aprobación se alertó que su desafío cardinal sería, precisamente, la puesta en práctica.

Después de más de un tira y encoge, de si aprobarla hoy o mañana, su primer gran tropiezo resultó la constitución de las direcciones de Información y Comunicación Social en los Gobiernos Provinciales del Poder Popular y sus subordinaciones municipales. Aún tienen como deuda no solo en Sancti Spíritus el completamiento de sus estructuras y la garantía de las condiciones de trabajo, mientras en la mayoría de los territorios tampoco cuentan con toda la experticia necesaria; razones por las que todavía no se ha logrado realizar un diagnóstico real de la comunicación en cada rincón de este archipiélago.

Y mucho más preocupa que si es allí donde se coordina y controla la política comunicacional en Cuba, no tengan bajo su mando los medios de comunicación social; una ruptura con el propio instrumento jurídico que reconoce la existencia de tres ámbitos comunicativos: el organizacional, el mediático y el comunitario.
Torcedura de nacimiento aparte, otros muchos son los retos con los que tropieza su implementación en Sancti Spíritus, donde no se ha logrado una cultura en materia de comunicación sólida en todos los actores sociales.
Lo dicen las investigaciones científicas y el día a día.

Todavía existen instituciones y entidades espirituanas donde los procesos comunicacionales son asumidos de forma colateral por especialistas con otras funciones, no hay planificación financiera para impulsar los departamentos con esas responsabilidades, directivos que no asumen la comunicación como parte imprescindible e integral de sus objetos de trabajo y predominan la improvisación y la espontaneidad al interior de las organizaciones.

También es un ABC que en los medios de comunicación social aún se tira por la borda el derecho que otorga la norma de exigir la respuesta en un pequeño período de tiempo de quienes doblan por tercera en el cumplimiento de sus responsabilidades como servidores públicos y se da por hecho que la comunicación comunitaria es solo la realización de una reunión en un barrio o circunscripción.

Es cierto que una ley no garantiza la transformación de culturas y competencias profesionales de golpe y porrazo. Educar para la comunicación precisa de diálogos, de aplatanar buenas prácticas y no calcarlas sin pensar en los contextos, de diseños coherentes, de mirar las identidades y, también, de logística.

Por suerte, en estos dos años algunas entidades espirituanas supieron captar las señas y trascender la tendencia de contar con toda la documentación exigida en una gaveta. Hoy se puede hablar de la Empresa Eléctrica Provincial, que ha sabido con más o menos aciertos comunicar en tiempos de crisis o la Dirección Provincial de Transporte, con un trabajo de impacto en el ámbito digital a semejanza del ministerio al que se subordina.

Mas, dichos ejemplos no son ni tan siquiera la media. De ahí que dos años después, si bien para los máximos responsables de velar por la implementación del instrumento jurídico se ha avanzado, también reconocen que queda mucho por hacer para lograr el objetivo primordial: la articulación del sistema de comunicación social en una sociedad de respeto, transparencia e inmediatez en los procesos de ofrecer informaciones públicas, comunicaciones recíprocas y sin silencios.