Gestación solidaria: derechos protegidos

Que nuestra Constitución proteja el derecho de todas las personas a fundar una familia, porque todas son iguales ante la ley, no presupone la no fijación de otras regulaciones en caso de recurrirse a la gestación solidaria, la cual necesita de una autorización judicial previa para acometerse; requisito comprensible no solo por su novedad como proceder; sino por sus implicaciones éticas y humanas.

Para otorgar la autorización judicial deben tenerse en cuenta, entre otros elementos, que tanto la o las personas comitentes como la futura gestante tengan 25 años cumplidos; y que, en los casos que corresponda, se ha agotado o ha fracasado el uso de otras técnicas de reproducción asistida.

Tan significativas como las mencionadas, el código relaciona otras cuestiones a considerar a la hora de conceder el autorizo judicial, díganse, el pleno discernimiento, la buena salud física, psíquica y edad de la futura gestante para llevar a término con éxito el embarazo; que no aporta su óvulo y no se haya sometido a un proceso de gestación solidaria anterior. Y, obviamente, debe verificarse la ausencia de retribución.

Cada uno de estos postulados integran el ABC en el actuar de la Dirección Provincial de Justicia en Sancti Spíritus, que da cuenta de 81 escritura de consentimiento firmadas para ejecutar la gestación solidaria, reportadas, en lo fundamental, en el municipio capitalino y Trinidad, desde la entrada en vigor del Código de las Familias hasta el cierre de abril.

La posibilidad de la gestación solidaria, refrendada por la nueva legislación, rebasa los límites de su relevancia jurídica y adquiere resonancias humanas insospechadas. Y nos permitimos algunas estadísticas para ilustrarlo. Al término del año precedente, el Programa de atención a la pareja infértil notificaba dispensarizadas más de 4 420 en esa condición, y pese al empeño personal e institucional puesto, fueron logrados 281 embarazos, de acuerdo con un informe de la Dirección Provincial de Salud.

Articulado a todo ello, acaba de entrar en vigor el Decreto-Ley 71, que dicta las normas jurídicas sobre la protección para la gestante solidaria y las madres y padres comitentes, o sea, aquellos que se acreditan la paternidad del menor.

Grosso modo, ¿qué regula el nuevo documento legal? La normativa establece el derecho de la gestante solidaria a disfrutar la licencia prenatal y posnatal por maternidad y, vencido este período, su reincorporación al empleo, además de todos los beneficios ya establecidos en el Decreto-Ley 56 para la etapa de embarazo.

Ahora bien, ¿qué derechos tienen los padres comitentes? Ante todo, al disfrute de los seis días completos o 12 medios días de licencia retribuida para acompañar a la gestante solidaria. Posterior al nacimiento del menor, la persona comitente encargada del cuidado de la hija o el hijo tiene derecho al disfrute de una licencia posnatal por un plazo de 12 semanas, con la retribución del 100 por ciento del salario y, vencido ese período, acogerse a la prestación social del 60 por ciento de su salario promedio mensual.

Examinado en su conjunto, puede ratificarse, por tanto, que el Decreto-Ley 71 es hijo legítimo del Código de las Familias.