El precio del descontrol

Primero fue un murmullo en el aire; un olor ácido, penetrante, que se colaba por las rendijas del almacén y obligaba a los trabajadores a taparse la nariz con las mangas de la camisa. Nadie necesitaba abrir la puerta para saberlo: la cámara frigorífica, la misma que debía guardar toneladas de alimentos, había dejado de cumplir su misión.

En la Unidad Empresarial de Base (UEB) Comercializadora y Servicios de la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus, perteneciente al Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura (Gelma), los obreros no podían pasar frente al almacén de insumos sin percibir el hedor insoportable. Allí, en el corazón de la nevera, lo que debía preservarse comenzó a descomponerse sin remedio.

El tufo se convirtió en testigo de una negligencia repetida en 2023 y 2024, cuando el equipo sufrió dos averías técnicas que frustraron la refrigeración y echaron a perder lo que debía conservarse.

AVISOS IGNORADOS

Los trabajadores hicieron lo correcto: avisaron. Primero al director general de la empresa (liberado a la postre en 2023), luego a su sustituta, que asumió hasta abril de 2024 (cuando se le aplicó la medida de separación definitiva de la entidad) y también al director de la UEB Comercializadora y Servicios (separado definitivamente mediante medida disciplinaria en abril de 2024). Pero la respuesta siempre fue la misma: «Bótenlo, pero no hagan expediente».

Ni una nota contable, ni un parte de ajuste, ni la mínima acción para resguardar los bienes del Estado. Se trataba de comida que terminaba en la basura sin registro legal y propiciaba, además, un escenario para posibles apropiaciones indebidas.

Se trató de un actuar negligente por parte de los implicados, explica Pedro Luis Espinosa Curbelo, fiscal técnico del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía espirituana. Foto Yosdany Morejón

“Se trató de un actuar negligente y contrario a la legalidad de quienes tenían la responsabilidad de custodiar los recursos estatales”, explica Pedro Luis Espinosa Curbelo, fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus.

Grandes cantidades de salami, sardinas, minutas de pescado, picadillo de res, hamburguesas, cerdo en banda; un inventario interminable echado a perder bajo la indiferencia directiva. El hedor se impregnó en la unidad y atrajo roedores.

La acción de control practicada en abril de 2024 no dejó margen a las dudas: 3 229 711 pesos con 64 centavos en pérdidas por productos cárnicos, una cifra insultante en un país donde cada kilogramo de carne significa un esfuerzo colosal para la economía familiar y estatal.

Incluso, durante ese control se hallaron productos descompuestos. Los implicados jamás siguieron el protocolo establecido para estos casos. Tampoco dejaron constancia documental del lugar donde se botaban los alimentos, ni permitieron su legalización. “Ellos sabían que esta situación exigía un expediente sobre productos echados a perder en la entidad”, agrega Espinosa Curbelo.

La nevera, que alguna vez debió preservar alimentos, terminó convertida en símbolo del desamparo. No falló solo la máquina; fallaron los hombres que, en lugar de reparar, de documentar, de proteger lo que era del pueblo, eligieron mirar hacia otro lado.

LA CONFIANZA DESMEDIDA DE LOS DIRECTIVOS

Pero lo de la nevera fue apenas la punta del iceberg. Entre enero y marzo de 2024, la empresa se enredó en un entramado más escandaloso: el exceso de confianza por parte de los directivos implicados —incluidos la directora general que sustituyó al anterior director, el director de la UEB Comercializadora y Servicios, el asesor jurídico y el director comercial (los dos últimos separados de la entidad mediante medida disciplinaria en abril de 2024) — favorecieron la pérdida de mercancías por más de 94 millones de pesos.

Se trataba de un trabajador por cuenta propia procedente de Villa Clara, con quien ya habían tenido vínculos o relaciones económicas previas, por lo cual no necesitó de grandes artificios para aumentar la “familiaridad” dentro de la Empresa de Suministros Agropecuarios.

Llegó con la apariencia de un cliente serio, con proyectos comerciales que parecían promisorios y encontró puertas abiertas de par en par. Nadie le exigió garantías reales, ni contratos amarrados a los pagos, ni un control riguroso sobre la mercancía que reclamaba.

El contrato inicial establecía que el pago debía hacerse por adelantado o, como mínimo, al momento del traslado de los insumos. Sin embargo, esa cláusula se convirtió en letra muerta. Con la ilusión de que aquellas ventas engordarían los planes de la entidad y mejorarían el salario de los trabajadores, los directivos no solo permitieron las entregas sucesivas, sino que incluso facilitaron transporte, con el consiguiente gasto de combustible, para sacar la mercancía.

Así, en varias ocasiones el trabajador por cuenta propia fue retirando productos de alto costo sin desembolsar un centavo. No hubo reclamaciones enérgicas, ni suspensiones oportunas, ni alertas que detuvieran el descalabro. La ingenuidad de los cuadros se transformó en complicidad por omisión: al no exigir, le concedieron un poder de compra ilimitado sobre bienes que pertenecían al Estado.

Amparado por esa treta, bajo la bandera de un supuesto Proyecto de Desarrollo Local, compró desde vasos desechables y confecciones textiles, hasta productos de mayor valor como luminarias. Nadie puede precisar hoy a dónde fueron a parar aquellos bienes.

El desenlace fue demoledor. Cuando finalmente se evidenció la magnitud del engaño, la empresa ya acumulaba una afectación millonaria. No hubo margen para recuperar lo perdido: el ciudadano abandonó el país y dejó un reprochable escenario.

Más que un fraude ingeniosamente urdido, lo que esta historia revela es la cadena de descuidos y la fe desmedida de quienes tenían el deber de custodiar el patrimonio público. Allí, donde debió prevalecer el rigor administrativo, imperaron la confianza ciega y la complacencia.

Y es que la malversación, un delito que involucra la apropiación indebida de fondos públicos por parte de autoridades o funcionarios, puede implicar tanto el robo directo de recursos como su administración desleal, lo que perjudica el patrimonio público.

LA HERIDA EN LA FUERZA LABORAL

Para quienes ponen el hombro cada día dentro de la entidad, las consecuencias no se midieron solo en pesos o balances. Félix Tomás Pérez González, actual director general de la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus, lo reconoce sin ambages.

“En primer lugar, estos procesos siempre son traumáticos. Pueden afectar la psiquis de los trabajadores porque las personas creen que se pierde la confiabilidad en ellos, como si todos estuvieran asociados al proceso penal. Pero esa confianza se ha ido recuperando. Hoy vuelven a sentirse útiles, son parte de la toma de decisiones, y eso los ha hecho ver que la empresa puede alcanzar otra vez el liderazgo que un día tuvo”.

Esa recuperación, explica, no ha sido casual. Los resultados en la gestión, con mejores sistemas de pago y la aplicación del Decreto No. 87, han devuelto la motivación. El salario medio, que rondaba los 3 400 pesos, hoy supera los 6 000, y eso también es fruto del esfuerzo colectivo, subraya Pérez González.

El directivo asegura que lo más importante ha sido reimplantar el control interno con mano firme. “Lo primero fue crear un ambiente de control real en un lugar que maneja tantos recursos como este. Volvimos a instaurar los matutinos con rendición de cuenta, los consejos de dirección, la exigencia diaria en las operaciones logísticas. También recuperamos plazas de auditores que ya no existían y de funcionarios especializados que son imprescindibles en la vigilancia de cada proceso”, detalla.

En sus palabras, la lección más grande que deja este episodio es que sin control no hay empresa confiable y sin confianza no hay empresa posible.

CAUSA 64 DEL 2025

Ambos hechos —la nevera descompuesta en dos ocasiones entre 2023 y 2024 y el TCP— convergieron en la Causa No. 64 del 2025 que sentó en el banquillo a cinco acusados: el exdirector general, su sustituta, el director de la UEB Comercializadora y Servicios, el director comercial y el asesor jurídico.

Tras dos jornadas de vista oral y pública, la Sala Penal del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus dictó el fallo contra los acusados en el proceso penal que puso bajo la lupa el quehacer de la Empresa de Suministros Agropecuarios del territorio. Durante el juicio, todos contaron con las garantías procesales y la asistencia de letrados competentes.

El anterior director general de la entidad —quien desempeñó ese cargo durante 2023—, la directora general que lo sustituye y el director de la UEB Comercializadora fueron declarados culpables de Incumplimiento del Deber de Preservar Bienes en Entidades Económicas, delito vinculado a las dos pérdidas masivas de productos cárnicos ocurridas entre 2023 y 2024, cuando la cámara de refrigeración presentó fallos técnicos que impidieron la conservación de los alimentos.

Cuando finalmente se evidencio la magnitud d el engaño, la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus ya acumulaba una afectación millonaria. Foto: Yosdany Morejón

Por su parte, la directora general hasta abril de 2024, el director comercial, el director de la UEB Comercializadora y el asesor jurídico resultaron hallados culpables de Malversación: los tres primeros como autores y el jurista en condición de partícipe.

La Causa No. 64 del 2025 sento en el banquil lo a cinco acusados. Foto: Yosdany Morejón

Las sanciones dictadas reflejan la gravedad de los hechos. La ya mencionada directora general (hasta abril de 2024) fue condenada a 20 años de privación de libertad en sanción conjunta y única; el director de la UEB Comercializadora, a 18 años; el director comercial, a 16 años; el asesor jurídico, a 10 años y el anterior director general recibió 2 años y 6 meses de privación de libertad, a cumplir en alternativa de trabajo correccional con internamiento por igual término.

Asimismo, todos enfrentan sanciones accesorias: privación de derechos, prohibición de emitir pasaporte y salir del territorio nacional, además de la prohibición del ejercicio del cargo y oficio similares.

En cuanto a la responsabilidad civil, el Tribunal dispuso a los culpables que deberán resarcir de manera conjunta los daños ocasionados a la Empresa de Suministros Agropecuarios, en correspondencia con sus implicaciones.

Estas sanciones no son fallos firmes: las partes tienen el derecho de recurrir ante el Tribunal Supremo Popular si lo consideran pertinente.

UNA HERIDA QUE DEMORARÁ EN CERRAR

Más allá de los números, los hechos dejan una herida profunda. En pleno contexto de escaseces, mientras el Estado invierte esfuerzos descomunales en sostener la agricultura y la alimentación, en Sancti Spíritus se dejaron descomponer toneladas de carne y se entregaron, en bandeja, recursos millonarios a la ilegalidad.

“El daño no es solo económico”, —añade Espinosa Curbelo—. También afecta la imagen de la Empresa Estatal Socialista que constituye la base de nuestro modelo económico”. El juicio ejemplarizante no solo llevó a cinco directivos al banquillo, sino que puso en tela de juicio todo un sistema de control que durante un buen tiempo actuó al margen de la ley.