Cuando pagar por transferencia cuesta más

Hay contradicciones que no necesitan estadísticas para doler. Basta con entrar a un establecimiento, preguntar el precio de un litro de aceite o de un kilogramo de pollo y descubrir que la cifra cambia según la forma en que el cliente decida pagar. No porque el producto sea diferente. No porque exista un servicio adicional. Simplemente, porque el dinero viajará por una transferencia electrónica y no en efectivo.

La escena comienza a repetirse con demasiada frecuencia. El consumidor pregunta por el precio de un producto indispensable y recibe una respuesta que lo desconcierta: el aceite cuesta alrededor de 4 000 pesos si se paga mediante transferencia; el pollo, cerca de 1 000 pesos la libra bajo la misma modalidad.

En ocasiones, el precio aparece anunciado directamente para el pago electrónico. En otras, la explicación llega cuando el cliente pregunta por qué el importe resulta tan elevado. Más allá de la diversidad de casos, la percepción que queda en el ciudadano es inquietante: utilizar el mecanismo que el Estado promueve termina costándole más.

Y esa contradicción adquiere una dimensión mayor en el contexto que vive Cuba.

Desde hace meses, el Banco Central de Cuba impulsa una estrategia para fortalecer la bancarización y consolidar los pagos electrónicos. Las medidas anunciadas recientemente incluyen incentivos para los comercios, reducción de comisiones, acreditación más rápida de los ingresos y otras facilidades encaminadas a que transferir dinero resulte más atractivo tanto para vendedores como para compradores. La lógica es comprensible: un país con escasez persistente de efectivo necesita que el dinero circule por canales digitales para aliviar tensiones financieras y hacer más eficiente el sistema de pagos.

Sin embargo, toda política pública pierde fuerza cuando tropieza con la realidad cotidiana.

Si algunos establecimientos trasladan al consumidor un sobreprecio por utilizar la transferencia electrónica, el incentivo desaparece y se convierte en castigo. Lo que debía representar comodidad, seguridad y modernización termina siendo percibido como un costo adicional. El ciudadano no elige entonces entre efectivo y transferencia, sino entre pagar más o intentar conseguir un efectivo que escasea.

La paradoja resulta evidente. Mientras una institución diseña mecanismos para estimular determinada conducta económica, otra realidad —la del mercado cotidiano— parece enviar exactamente el mensaje contrario. En esa tensión termina atrapado el consumidor, que no participa en la elaboración de las políticas ni en la fijación de las reglas comerciales, pero sí sufre íntegramente sus consecuencias.

El escenario adquiere todavía mayor complejidad tras la decisión gubernamental de eliminar los precios minoristas máximos para varios productos de primera necesidad, entre ellos el llamado pollo por libras, los aceites comestibles, la leche en polvo, las pastas alimenticias y las salchichas. Las autoridades argumentaron que la política de topes no había logrado contener la inflación y que, en determinados casos, había contribuido al desabastecimiento y a otras distorsiones del mercado.

Desde la lógica económica, la medida puede encontrar defensores y detractores; pero, desde la perspectiva del consumidor, la preocupación es otra: ¿cuánto más tendrá que pagar una persona para alimentar a su familia?

Las redes sociales se han convertido en un termómetro de esa incertidumbre. Publicación tras publicación, aparecen fotografías de precios, comparaciones entre provincias, testimonios de personas que afirman no poder sostener el ritmo de los incrementos y preguntas que rara vez encuentran respuestas satisfactorias. No todo lo que circula en Internet constituye evidencia concluyente, pero sí refleja un estado de ánimo colectivo que ningún análisis económico debería ignorar.

Porque la inflación no es únicamente un indicador macroeconómico y tiene rostro en el jubilado que vuelve a sacar la calculadora antes de entrar a una tienda, en la madre que reduce la cantidad de aceite para que alcance hasta fin de mes, en el trabajador estatal que recibe un aumento salarial y descubre, apenas unos días después, que ese incremento ya perdió buena parte de su capacidad de compra frente a los nuevos precios del mercado.

Precisamente cuando comienza a aplicarse el incremento salarial para una parte importante de los trabajadores del sector presupuestado, muchos cubanos expresan una preocupación legítima: que el esperado alivio termine evaporándose incluso antes de llegar al bolsillo. La historia económica reciente del país ha dejado una lección difícil de olvidar: cuando los ingresos crecen, pero los precios aumentan todavía más rápido, el poder adquisitivo no mejora; al contrario, puede deteriorarse.

Ningún salario, por elevado que parezca sobre el papel, puede proteger a una familia si la inflación avanza a mayor velocidad.

En ese contexto, cualquier práctica comercial que incremente artificialmente el costo de bienes esenciales merece la atención de las instituciones encargadas de velar por la legalidad, la protección al consumidor y el funcionamiento transparente del mercado.

No se trata de demonizar al sector privado, que hoy constituye un actor importante de la economía cubana, genera empleo, aporta bienes y servicios y participa activamente en la recaudación fiscal. Se trata de proteger a quienes cumplen las reglas y evitar que actuaciones individuales deterioren la confianza ciudadana en un sector que resulta indispensable para el desarrollo del país.

Las economías funcionan sobre la base de un principio elemental: la confianza. Confianza en la moneda. Confianza en las instituciones. Confianza en que las reglas serán iguales para todos. Confianza en que una política pública no será desvirtuada por intereses particulares.

Cuando esa confianza comienza a erosionarse, el daño trasciende el precio de un litro de aceite o de una libra de pollo. Se instala un sentimiento de desamparo. El ciudadano siente que carece de herramientas para proteger su salario, planificar sus gastos o adivinar cuál será el precio de un producto la semana siguiente.

Cuba atraviesa uno de los momentos económicos más complejos de las últimas décadas. Conviven la inflación, la escasez de divisas, las dificultades energéticas, la reducción de la producción nacional y las limitaciones financieras derivadas de múltiples factores internos y externos. En un escenario así, cualquier política destinada a recuperar la estabilidad necesita un elemento imprescindible: credibilidad.

Y la credibilidad no se decreta. Se construye. Se construye cuando las normas se cumplen. Cuando el consumidor siente que sus derechos también forman parte de la ecuación económica. Cuando los incentivos diseñados por el Estado llegan realmente al ciudadano. Cuando el salario recupera su capacidad para sostener una vida digna.

Al final, la discusión no gira únicamente alrededor de un método de pago ni de un precio específico. La verdadera pregunta es mucho más profunda: ¿qué valor tiene una política económica si el ciudadano percibe que, al llegar al mercado, las reglas cambian?

Porque una transferencia electrónica no debería costar más que un billete.Y porque ningún aumento salarial cumplirá el objetivo para el que fue concebido si la inflación y los precios terminan llegando siempre primero.