¿Quiénes son vulnerables en Cuba?

La más reciente distribución de arroz para personas vulnerables dejó más reclamantes que beneficiados potenciales, al menos desde la posición social en que cada cual se mira.

De ello dan fe las administraciones de los mercados encargados de la entrega gratuita del cereal como parte de las políticas estatales dirigidas a proteger ese sector social.

No es, incluso, la primera vez que ello ocurre. No solo porque, a fin de cuentas, en medio de un contexto de escasez generalizada y precios altísimos para productos de primerísima necesidad y salarios sin la suficiente capacidad adquisitiva, a un por ciento elevado de la población le haría falta cualquier regalía o tarifas más bajas.

Al diseccionarse tanto en un enrevesado concepto para personas vulnerables, mayores de 65 años y, además, que vivan solas, la última distribución de arroz complicó más la madeja y revolvió las inconformidades, la incomunicación, el entendimiento.

Todo nace del rasero con que se decide quién es vulnerable o no desde la óptica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Desde allí se definen varios grupos de personas en dependencia, sobre todo, de la capacidad financiera, la solvencia económica, las condiciones de vida y hasta de salud.

Desde esa perspectiva, en el caso de Sancti Spíritus solo el 0,5 por ciento de la población vive en condiciones de vulnerabilidad, y ahí es donde comienzan las discordias.

Convengamos en que visto desde los raseros oficiales, en lo esencial, la incapacidad salarial y de ingresos para solventar la vida cotidiana ese porciento quedaría pequeño y la mayoría de la población, expuesta.

Convengamos también en que la atención a vulnerables no puede resumirse o verse solo como la repartición de arroz u otros productos alimenticios de vez en vez.

Desde los inicios de la Revolución misma se estableció esa política de atención a vulnerables y miles de personas en el país han sentido su impacto de una manera o de otra.

Solo que en las actuales condiciones económicas de inflación extrema y tantos problemas acumulados, muchos cubanos, más de los que están registrados oficialmente, debían engrosar esos listados.

Digo más: Quizá algunos incluidos en esos grupos están como que mal parados. Y es ahí donde los trabajadores sociales entran a desempeñar un papel crucial, ya que son los que definen, como parte del Ministerio de Trabajo, quienes son vulnerables o no.

Investigaciones periodísticas practicadas en estos años han demostrado que a la hora de las definiciones lo subjetivo puede pesar y que no todas las personas en condición de vulnerabilidad son visitadas, o, en su defecto, priman criterios cerrados.

Esas indagaciones han mostrado también que a la hora de la distribución de alimentos, por ejemplo, no todos los incluidos en los listados son todo lo vulnerable que la ley aconseja y son beneficiadas por encima de otros que sí lo son.

A la hora de la repartición de módulos, ello debe aguzarse mucho más porque hasta muertos se han beneficiado por un asunto de coordinación, organización y hasta corrupción.

Otra de las discordias nace cuando se cruzan los términos de vulnerables y asistenciados, que en casos particulares no son esencialmente lo mismo.

En Cuba cada familia es un caso muy particular, por eso han de verse en todas sus aristas.

El solo hecho de que alguien tenga familiares en el exterior no indica que los suyos en la isla tengan la protección desde la distancia, y los ejemplos sobran. Pero, incluso, ocurre a la inversa. Algunos viven solos y sí tienen esa protección.

Está lo otro. Desde la ley se establece que entre los llamados “familiares obligados”  se encuentran los hijos y quienes ya lo tienen, deben exigirle su atención. Pero ojo: se conoce de ancianos sobretodo, que viven solos y sus hijos, por más que quieran, no pueden resolverle los problemas vitales porque, a su vez, tienen sus hijos propios y sus ingresos no le alcanzan ni para atender a estos.

De manera que en un asunto tan sensible y en medio de tanta necesidad colectiva, allí donde nace la definición, no puede primar el criterio de una sola persona, aunque esta lleve el sello de trabajador social.

Tampoco puede aplicarse la misma varilla de la ley, que, como se sabe, siempre se presta a interpretaciones subjetivas de quien la lee.

En este punto, reformulo las mismas interrogantes que hace un tiempo hice a raíz de las inconformidades que trajo la repartición de módulos.

¿Quiénes son vulnerables o no? ¿Desde la óptica de una definición ministerial, conceptualizar un estado social puede definir quién come y quién no? ¿Hasta dónde la entrega de un producto puede rebasar el concepto de que nadie queda desamparado?

Las respuestas rebasan, creo, las competencias de los trabajadores sociales y hasta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Cuba.