Tiempos de alianzas

Sin fórmulas exactas, y mucho menos con la seguridad que la práctica calque la validez del papel, las 176 reformas económicas, aún con olor a cascarón, apuestan por liberalizar y descentralizar parcialmente la economía cubana. Llegan en uno de los contextos más asfixiantes de la historia de esta nación. Por tanto, todo lo que se haga para aligerarlo, sostenido, por supuesto, en organización, optimización de procesos y legalización de rutinas, deberá recoger una mejor cosecha que la actual.

Sobre todo porque, además, este país atraviesa uno de los momentos de mayor presión estadounidense con el bloqueo petrolero iniciado en enero pasado y una nueva oleada de sanciones secundarias desde mayo a sectores claves de la economía.

Convencidos de esa realidad y que ya no vivimos tiempos de esperar con paciencia que entren los recursos por la canalita, como el pichón que está con el pico abierto, toca gestionar, buscar alternativas y motivar a quienes pueden darle vida a entidades siempre bajo la guía cercana del Estado para evitar verdaderas cabezas de caballo.

Conscientes que es una urgencia nacional, el sector del comercio interior de Cuba se distingue como uno de los de mayores transformaciones en correspondencia con las referidas reformas.

Entre las muchas transformaciones se ha insistido en la realización de licitación de locales, tema que no es novedoso porque en la resolución 48, publicada en la Gaceta Oficial Nº 31 de 2021, se fijan los pasos para realizarlo en establecimientos estatales pertenecientes a las entidades del comercio, la gastronomía y los servicios de subordinación local y de las entidades nacionales del sistema de comercio para su gestión por formas no estatales. Sin embargo, ha tenido una aplicación escasa.

Quizás las más recientes actualizaciones, según las particularidades del contexto a fin de recobrar a un mayor número de edificaciones en desuso o sin explotar en toda su capacidad, prioridad ante la significativa cifra de construcciones que gritan por su mal estado tras años de inoperancia, fomenta el interés por acceder a la gestión de esos espacios tanto por empresas estatales, trabajadores por cuenta propia o micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre sus adecuaciones se incorpora el comercio electrónico como modalidad que no existía, que su incumplimiento en la práctica es una verdad de Perogrullo, son otros cinco pesos. Quien licite firma contrato con ese acápite como principal. Le corresponde entonces chequear, controlar y seguir de cerca su cumplimiento a la entidad estatal que negoció.

Igual sucede con la aprobación de los precios de la actividad o productos a comercializar. Si bien el cooperante es quien hace las fichas de costo según los gastos, los aprueba o no con el margen comercial el dueño de la edificación.

En la práctica espirituana, en los pocos ejemplos de entidades del sector del comercio licitados ya, ha sido imposible poner a las manos de los clientes productos con precios que agujeren con menos fuerza los bolsillos.

Precisamente, con la noticia de la inauguración del Mercado primera bodega con acciones cooperadas en Cabaiguán, en alianza entre la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía y un productor de avanzada de ese territorio, también se escucharon las opiniones encontradas de quienes fueron a adquirir algunos de sus productos. La libra de frijol negro a 400 pesos y la de malanga a 200 no dista en nada de lo que se puede comprar a los revendedores en cualquier esquina de esta provincia.

Si bien las transformaciones en el sector del comercio persiguen proteger a los consumidores de prácticas desleales como el acaparamiento y la especulación, la teoría y la práctica han demostrado que sólo será posible cuando exista un mercado nacional con producciones abundantes y variadas. Demora un tanto materializarlo.

La ausencia de un mercado mayorista para quien licite y la libertad de no contar con precios topados sino bajo la ley de oferta y demanda, o lo que es lo mismo, de la selva, exigirá de un estricto control por parte de los dueños de las entidades. Si bien el llamado y urgencia es generar ingresos, los desafíos en el actual contexto son inmensos.

Los viven en carne propia los más de 355 locales arrendados del sector del comercio y la treintena de establecimientos de venta de mercancías bajo modalidades de cooperada o arrendamiento en Sancti Spíritus. Más, es aquí y ahora.

Sólo las alianzas podrán cumplir con el ordenamiento jurídico en la práctica, simplificar los procedimientos para los actores económicos y al mismo tiempo reforzar las garantías y derechos de los consumidores quienes no pueden seguir siendo los más afectados por el desabastecimiento, ilegalidades y precios estratosféricos.