Investigan en Sancti Spíritus denuncia de presunto maltrato infantil (+ Video)

Autoridades de la provincia de Sancti Spíritus investigan, por estos días, un hecho que ha estremecido a la opinión pública y volvió a colocar en el centro del debate una verdad elemental: la infancia debe ser protegida con rigor y humanidad frente a cualquier manifestación de violencia.

La pesquisa se sigue contra una madre de 24 años, imputada por un presunto delito de otros actos contrarios al desarrollo integral de la persona menor de edad, mientras tres hijos suyos —de 1, 5 y 7 años— permanecen bajo resguardo familiar.

El caso se originó a partir de la denuncia presentada por el familiar de uno de los niños y desde entonces, según explicó Félix Sánchez Carrero, fiscal jefe del Departamento de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía Provincial, comenzaron las diligencias iniciales para esclarecer lo ocurrido.

“Se trata de la puesta en conocimiento de las autoridades, la atención médica al menor, la calificación preliminar de las lesiones y la continuidad del proceso investigativo para determinar la gravedad de los hechos y la medida penal que, en definitiva, corresponda”, afirmó el fiscal.

Sánchez Carrero precisó además que, tras la radicación de la denuncia, se procedió a la detención de la imputada. “Inicialmente se aseguró con una fianza que no está constituida y se mantiene en detención; en estos momentos las autoridades determinan si procede la imposición de la medida cautelar de prisión provisional”, señaló.

El fiscal explicó, igualmente, que los menores quedaron a resguardo: los dos más pequeños, al cuidado de su abuela paterna; y la niña mayor, también con su abuela paterna, debido a que se trata de hermanos de distintos padres. En estos momentos, dijo, se evalúa si ese entorno resulta seguro y estable o si, de mantenerse la situación procesal actual, será necesario adoptar otra medida de protección, ya sea el acogimiento por otro familiar o incluso una alternativa institucional.

El hecho, que ha circulado intensamente en redes sociales y ha sido reproducido por diversos medios, no puede leerse solo desde la emoción inmediata ni desde el juicio precipitado.

LA VIOLENCIA NO TIENE CABIDA EN LA SOCIEDAD

En Cuba, la Constitución establece que el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de brindar especial protección a niñas, niños y adolescentes, garantizar su desarrollo armónico e integral y protegerlos contra todo tipo de violencia. También ordena a madres, padres y otros parientes con funciones de guarda y cuidado respetar y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Esa es la vara jurídica y ética con la que deben examinarse casos como este.

Sánchez Carrero explicó que el marco sancionador para este delito puede oscilar entre seis meses y un año de privación de libertad, o multas, con posibilidad de agravarse hasta dos años si se determinan graves perjuicios para la salud o la integridad física de la víctima.

Más allá del tecnicismo jurídico, el centro del asunto está en la condición de vulnerabilidad de los niños. La infancia no es un apéndice de la vida familiar ni una zona gris donde el dolor se normaliza. Es un territorio de máxima protección. Por eso, cuando una denuncia activa la maquinaria institucional, lo esencial no es el ruido mediático, sino asegurar el bienestar de los menores y evitar cualquier nueva forma de daño.

En casos así, la investigación no solo busca establecer si hubo maltrato o lesión; también intenta reconstruir el contexto, identificar las circunstancias de cuidado, valorar la responsabilidad parental y evaluar la red de apoyo disponible alrededor de los niños.

Esa mirada resulta decisiva. Un expediente de esta naturaleza no se resuelve únicamente con una sanción. Exige, además, una respuesta social que reduzca el riesgo de repetición y proteja la estabilidad emocional de quienes han quedado en medio del conflicto.

El Código de las Familias y la normativa procesal cubana han insistido en la necesidad de un tratamiento especializado, interdisciplinario y centrado en el interés superior del niño, principio que orienta toda decisión vinculada a menores de edad. Esa lógica también se refleja en la práctica institucional que prevé la escucha de los niños y el acompañamiento de especialistas para valorar lo que más conviene a su protección y desarrollo.

Lo que sigue dependerá del resultado de la investigación y de la valoración de todas las instituciones involucradas. En un caso así, la prioridad no cambia: proteger a los menores, esclarecer los hechos y actuar con la firmeza que exige la ley y la sensibilidad que demanda la infancia.