El laberinto del pago electrónico

El pago electrónico en Cuba forma parte de un engranaje que aún no termina de funcionar.

Esta modalidad, que según la ley debe ser aceptada en todos los establecimientos, estatales y privados, en la práctica se enfrenta a trabas, resistencias y contradicciones.

La ley es clara: el peso cubano digital tiene el mismo valor que el físico, según establece la Resolución número 111 del Banco Central de Cuba.

Sin embargo, en la realidad, nos enfrentamos a dependientes que deciden cuándo sí y cuándo no aceptar transferencias.

¿El resultado?, un consumidor atrapado entre la ley y la práctica, entre la obligación y la arbitrariedad.

El pago por transferencia desde el móvil debe ser tan válido como entregar billetes en la mano.

Mas, muchos consumidores denuncian que los comercios se niegan a las transferencias, alegando razones como “ya cuadramos caja” o “ya hicimos las transferencias del día”.

Y aquí surge la pregunta obligada: ¿puede un negocio decidir arbitrariamente cuándo aceptar o no el pago por transferencia?

La respuesta legal es clara: NO.

El Artículo 12M del Decreto 91 plantea la obligatoriedad de las pasarelas de pago en el comercio, pero la realidad es otra.

Apenas TREINTA y UN multas por este concepto se han impuesto en la provincia este año, una cifra simbólica frente a la práctica común de rechazar transferencias.

Pero la contradicción se profundiza, cuando al mismo tiempo, los propios establecimientos enfrentan serias trabas para retirar grandes sumas de efectivo en los Bancos.

Es decir, se les exige digitalizar el pago, pero se les limita el acceso al dinero físico para operar.

Y las mipymes, que deberían ser parte del engranaje de la bancarización, reclaman a sus clientes pagarles en efectivo porque luego necesitan ese dinero contante y sonante para adquirir su mercancía.

La consecuencia es un círculo vicioso: se exige aceptar pagos electrónicos, pero se obliga a comprar en billetes de alta denominación; se acumula dinero digital, pero no se puede retirar; y los consumidores quedan atrapados en medio de este laberinto.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

¿Dónde está el cuerpo de inspectores que debería garantizar el cumplimiento de la ley?

¿Es justo que el consumidor tenga que mendigar para que se le acepte un pago que es legalmente válido?

¿Podemos hablar de profesionalidad y emprendimiento si lo primero que se incumple es la obligación de respetar al cliente?

Son preguntas que invitan a pensar en la coherencia entre lo que se legisla y lo que realmente se vive en la calle.

El pago electrónico es un derecho del consumidor y una obligación de los comercios.

Negarse es ilegal, y también una falta de sensibilidad hacia quienes, muchas veces, llegan con necesidades urgentes.

No se trata de culpar a comerciantes, bancos o consumidores, sino de reconocer que todos formamos parte de un mecanismo que aún necesita ajustes.

La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo logramos que la ley, la práctica y la sensibilidad se encuentren en un mismo punto?

Quizás la respuesta esté en la cooperación, en la educación financiera y en el diálogo constante entre autoridades, negocios y ciudadanos.

Porque, al final, lo que está en juego no es solo una transferencia o un billete: es la confianza, la transparencia y la posibilidad de construir un sistema que funcione para todos.

La profesionalidad empieza por cumplir la ley y respetar al cliente. Y la autoridad debe garantizar que así sea.

El reto está planteado: hagamos que la bancarización funcione en la práctica, no solo en el papel.