Cuba frente a los desafíos de la equidad

Cada 20 de febrero el mundo celebra el Día de la Justicia Social, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 como una jornada para reflexionar sobre la necesidad de construir sociedades más inclusivas, equitativas y solidarias. En Cuba, esta fecha adquiere un significado especial, pues la justicia social constituye uno de los pilares sobre los que se ha edificado el proyecto nacional desde 1959. Sin embargo, los retos actuales obligan a repensar y fortalecer los mecanismos de protección social para enfrentar las desigualdades emergentes.

El sistema cubano de protección social se ha caracterizado históricamente por su alcance universal y por la prioridad que otorga a sectores vulnerables. La salud pública gratuita y universal es uno de sus mayores logros, con un modelo de atención primaria que garantiza cobertura médica en todo el territorio y que pone énfasis en la prevención y la medicina familiar. La educación, desde la enseñanza primaria hasta la universidad, también es gratuita y constituye un derecho garantizado por el Estado, lo que ha permitido elevar los niveles de escolaridad de la población y democratizar el acceso al conocimiento.

A ello se suma la seguridad social, que protege a trabajadores jubilados, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad, así como programas de asistencia social que incluyen subsidios para medicamentos, alimentación y servicios básicos.

En el ámbito laboral, aunque el mercado enfrenta tensiones, se mantienen iniciativas para promover la inserción de jóvenes y mujeres en sectores estratégicos. Estos programas han sido reconocidos internacionalmente como ejemplos de compromiso con la equidad, aun en condiciones económicas adversas.

No obstante, el contexto contemporáneo plantea retos significativos. La crisis económica global, el impacto del bloqueo estadounidense y las propias transformaciones internas han generado tensiones que repercuten en la capacidad del Estado para sostener y ampliar sus políticas sociales. Persisten desigualdades territoriales, pues, aunque el acceso a servicios básicos es generalizado, existen diferencias entre zonas urbanas y rurales, especialmente en infraestructura y oportunidades de empleo.

La dualidad monetaria y las reformas económicas han provocado brechas en los niveles de ingreso, con lo cual se ha afectado la percepción de justicia distributiva. Las limitaciones en la producción y el abastecimiento generan desigualdades en el consumo, lo que impacta directamente en la calidad de vida de las familias.

El compromiso del país con la justicia social se refleja en la búsqueda constante de soluciones. En los últimos años, se han implementado medidas para fortalecer la asistencia social, priorizando a familias en situación de vulnerabilidad extrema. También se han impulsado programas de emprendimiento local y desarrollo comunitario, que buscan reducir las brechas territoriales y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por Cuba junto al resto de la comunidad internacional, constituye un marco de referencia para avanzar hacia una sociedad más equitativa. En este sentido, el país trabaja en la promoción de energías renovables, la modernización de la agricultura y la ampliación de oportunidades educativas y laborales para jóvenes y mujeres, como parte de una estrategia integral que vincula justicia social con desarrollo sostenible.

La justicia social no es un destino alcanzado de una vez y para siempre, sino un proceso continuo que requiere adaptación y compromiso. En el contexto cubano, significa garantizar que cada ciudadano, sin importar su origen, género o condición económica, pueda acceder a oportunidades reales de desarrollo. Esa es la esencia de un proyecto que, pese a las dificultades, sigue apostando por la equidad como principio fundamental de la nación.

Fuentes: Periódico Granma, Periódico Juventud Rebelde, Cubadebate