La redistribución del presupuesto: garantía de equidad para los cubanos

La planificación económica en Cuba se ha caracterizado, desde los primeros años de la Revolución, por priorizar a las personas y sus necesidades esenciales. En este empeño, el sector presupuestado ocupa un lugar central, pues agrupa actividades estratégicas como la salud pública, la educación, la cultura, el deporte, la administración pública, la defensa y otros servicios sociales que no tienen como fin generar ganancias, sino garantizar derechos.

La redistribución del presupuesto nacional responde precisamente a la urgencia de proteger y fortalecer este sector, en un contexto marcado por desafíos económicos y financieros; no significa otra cosa que reasignar los recursos disponibles del Estado de manera que se prioricen aquellas áreas de mayor impacto social.

En momentos de tensiones económicas como los que vive el país, el ejercicio de redistribuir se convierte en una herramienta imprescindible para sostener los programas sociales.

El presupuesto nacional, nutrido fundamentalmente de los ingresos tributarios y de la contribución empresarial, actúa como un mecanismo de equidad. Allí donde la lógica del mercado no puede llegar, la planificación socialista interviene para garantizar que nadie quede desprotegido. Así, cada peso redistribuido se traduce en salarios para médicos y maestros, mantenimiento de escuelas y hospitales, financiamiento para proyectos culturales y deportivos, o respaldo a la seguridad social de jubilados y pensionados.

Uno de los principales beneficios de esta redistribución es la continuidad de la política de gratuidad en la educación y la salud. Cuba mantiene indicadores de desarrollo humano superiores a la media regional gracias a que destina más del 40 por ciento de su presupuesto a estos sectores.

En la salud, los recursos redistribuidos garantizan la adquisición —no exenta de escaseces y limitaciones— de medicamentos, insumos hospitalarios, equipos médicos y la capacitación del personal. Además, permiten sostener la atención primaria en los consultorios del médico y la enfermera de la familia, así como el funcionamiento de instituciones de alta especialización.

En el ámbito educativo, el presupuesto redistribuido asegura la alimentación escolar, la impresión de libros de texto, el mantenimiento de escuelas y universidades, y el salario de maestros y profesores. Sin esa base financiera, sería impensable preservar la universalidad y la calidad de la enseñanza cubana, reconocida internacionalmente.

La redistribución también beneficia al sector cultural, donde se incluyen teatros, bibliotecas, casas de cultura y proyectos comunitarios que llevan el arte a todos los rincones del país. Estos programas, aunque no generan ingresos cuantiosos, resultan vitales para la preservación de la identidad y la formación de valores en la población.

Lo mismo sucede con el deporte, que se financia desde el presupuesto estatal y ha convertido a Cuba en una potencia olímpica. Desde la base hasta el alto rendimiento, el sistema deportivo cubano es posible porque el Estado redistribuye los ingresos para garantizar canchas, implementos, entrenadores y centros de preparación.

El presupuesto redistribuido también ampara a quienes más lo necesitan. Jubilados, madres trabajadoras, personas con discapacidad, niños y ancianos reciben respaldo a través de la seguridad social. De igual manera, los programas de atención a comunidades en situación de vulnerabilidad se financian mediante este mecanismo.

En un escenario de limitaciones, resulta decisivo que el Estado priorice a los sectores más sensibles. Ello se expresa, por ejemplo, en el incremento de las pensiones mínimas o en la creación de fondos para apoyar a familias en situación de precariedad habitacional.

No basta con redistribuir; también es necesario asegurar que cada recurso llegue a su destino y se utilice con eficiencia. El sector presupuestado enfrenta retos asociados al uso racional de la energía, la reducción del gasto administrativo y la digitalización de procesos que permitan mayor transparencia y control.

El Ministerio de Finanzas y Precios, junto a la Contraloría General de la República, refuerza los mecanismos de auditoría para garantizar que cada peso del presupuesto sea invertido en función de la sociedad. La rendición de cuentas y la participación popular en la discusión del plan económico constituyen, además, herramientas de control democrático.

El compromiso de Cuba es seguir defendiendo la justicia social. Mientras en otras naciones los servicios básicos dependen de la capacidad adquisitiva de cada ciudadano, en la isla se reafirma la voluntad de que nadie quede excluido. Esa es la mayor fortaleza del sector presupuestado: ser un reflejo del proyecto humanista que el pueblo ha elegido sostener y perfeccionar.

Fuentes: Cubadebate, Escambray, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social