La impunidad cabalga suelta en Sancti Spíritus

Las riendas andan a merced de las carencias de combustible que impide  abastecer a los portadores privados y por tanto, la transportación pública de pasajeros por la modalidad de autos o las más conocidas máquinas, queda a la voluntad de de los precios especulativos o abusivos impuestos por el mercado negro, y lo que es peor a consideración del chofer particular que eroga altas sumas de dinero para conseguir el diésel , vaya usted a saber dónde, porque el estado no dispone de la materia prima para tales fines.

Desde que se decretara la puesta en marcha de la subida del precio del combustible al mercado minorista el pasado 1 de marzo bajo la condición que no debía elevarse el precio de los pasajes del transporte público, una interrogante quedó sobre el tapete:

Si el país no dispone de la materia prima para abastecer la transportación pública de pasajeros, ¿Cómo controlar y exigir que se mantenga inamovible los precios del pasaje?

De eliminarse estos medios, se causaría un mal mayor pues se conoce a ojos vista de todos, que la demanda de las opciones de transportación es superior a la oferta.

Hasta hoy los más 133 autos o máquinas que poseen licencia de operación del transporte en la provincia no reciben combustible por la vía estatal, razón por la cual ellos mismos imponen tarifas de precio que son asumidas por el pueblo, que ante la escasa disponibilidad de camiones en algunos horarios, considerada como opción menos costosa, se ven obligados a recurrir a esta única opción  para transportarse desde y hasta la cabecera provincial.

Los 42 camiones autorizados que existen en toda la provincia, según las estadísticas del Departamento de Inspección de la Dirección del Transporte de la Administración Provincial, sí reciben cierta cantidad de diésel para trabajar, pero ante la escasez desmesurada, se rotan en días alternos, por lo que queda claro que no logran cubrir los horarios de mayor movilidad de la población.

La otra cara de  la moneda se presenta ante la disyuntiva de los inspectores organizados en pareja que rondan las piqueras de Sancti Spíritus en las inmediaciones del Hospital Provincial y la Terminal Intermunicipal.

Cuando, ante la obligatoriedad de poner coto a tales desatinos en la imposición de altos precios, alegan que son agredidos por el propio pueblo, pues las personas necesitan resolver con urgencia su problema de transportación y en ese momento dinero en mano, toman la única opción que les viene por delante y dan la espalda a la legalidad.

El Cuerpo del Departamento de Inspección de la Dirección de Transporte, está cruzado de brazos sin aplicar ni una sola  multa por este concepto de violación  de precios y conscientemente se hacen los de “la“vista gorda”, autorizados por el Gobierno ante la imposibilidad de abastecer del combustible para trabajar.

Salvando las dificultades y escaseces,  cómo se entiende que no pueda multarse al titular de un medio que cobre 200 pesos desde Sancti Spíritus hasta Cabaiguán y sobre los 2 mil por persona hasta Trinidad, cuando las tarifas topadas de conjunta conciliación entre la Dirección de Transporte y el Gobierno no exceden los 50 pesos en el primer  caso y 150  en el segundo.

Queda claro que para los autos que tienen tarjeta hoy, las llamadas máquinas en el argot espirituano, el combustible no alcanza para este tipo de modalidad arbitrariamente calificada para las minorías. Sin embargo, se alega que no existe justificación para que nadie suba el costo del transporte por causa de la venta del combustible en divisas.

El Ministro de Finanzas y Precios Vladimir Regueiro Ale, reconoció que esta medida va encaminada a rectificar distorsiones y se está consciente de su repercusión porque transversaliza toda la economía.

El combustible es la materia prima que necesita un país para desarrollarse y avanzar. Su déficit es un mal que afecta a todos los sectores y con mucho más fuerza al de Transporte.

Pero deficiencias a un lado, nada justifica que un inspector no multe a un chofer que está adulterando el precio del pasaje. “Si el pueblo lo admite porque no tiene otra opción, nosotros no podemos hacer nada”, fueron palabras textuales a esta reportera cuando reunía los argumentos para esta investigación.

La Dirección de Transporte en la provincia conjuntamente con todo su equipo de trabajo y los gobiernos locales, tienen que enfrentar con mayor agilidad las tarifas abusivas y especulativas en ese sector.

La modalidad de Transporte solidario, que antes se implementó debe hacerse viral y masiva, recoger a cada pasajero en puntos de embarque y dar “botella” al ciudadano común  por parte de los vehículos estatales, es obligatorio. Hacer caso omiso a  un problema que no se sufre  en carne propia es un pecado capital en estos tiempos.

El encarecimiento del combustible no puede considerarse el detonante para desatar precios. Mientras el país continúe afectado por tamaña crisis económica, habrá que hermanarse y desterrar el slogan  “sálvese quien pueda”, que sí  está primando en estos días. Voltear la cara de la moneda dependerá de nosotros mismos.