Ante el recrudecimiento del ilegal bloqueo econ\u00f3mico, financiero y energ\u00e9tico impuesto por Estados Unidos a Cuba, el Gobierno y el Estado realizan ingentes esfuerzos para impulsar un programa energ\u00e9tico que garantice la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica. Se trata de un servicio necesario y sensible, que constituye un derecho del pueblo y es clave para el bienestar ciudadano y el adecuado funcionamiento de la econom\u00eda.<\/p>\n
Sin embargo, a pesar de esta despiadada guerra econ\u00f3mica y el agudo desabastecimiento de combustibles, personas inescrupulosas sustraen componentes, piezas, medios, recursos, combustibles y aceite diel\u00e9ctrico pertenecientes a parques fotovoltaicos, paneles solares, grupos electr\u00f3genos, entre otros. Ello afecta al Sistema Electroenerg\u00e9tico Nacional y pone en peligro el avance de la estrategia establecida para mitigar los efectos negativos en los \u00e1mbitos econ\u00f3mico y social.<\/p>\n
Estos hechos tipifican el delito de sabotaje previsto en el Art\u00edculo 125 de la Ley No. 151, C\u00f3digo Penal (22 de mayo de 2022). Dicho art\u00edculo establece sanciones de siete a quince a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad para quien, con el prop\u00f3sito de impedir u obstaculizar el normal uso o funcionamiento, o a sabiendas de que puede producirse ese resultado, destruya, altere, da\u00f1e o perjudique los medios, recursos, edificaciones, sistemas, instalaciones o unidades socioecon\u00f3micas o militares destinadas a garantizar las fuentes energ\u00e9ticas y de transmisi\u00f3n de energ\u00eda, entre otras infraestructuras cr\u00edticas.<\/p>\n
Cuando en la ejecuci\u00f3n de tales actos se ocasionan lesiones graves o la muerte de alguna persona; se utilizan el fuego, sustancias, materias o instrumentos inflamables, explosivos, agentes qu\u00edmicos o biol\u00f3gicos, u otros medios capaces de producir consecuencias graves; se producen consecuencias graves, cualquiera que sea el medio utilizado; se pone en peligro la seguridad colectiva; o los bienes afectados pertenecen a las reservas materiales, la sanci\u00f3n prevista discurre de diez a treinta a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad, privaci\u00f3n perpetua de libertad o muerte.<\/p>\n
En correspondencia, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en uso de las facultades conferidas por el Art\u00edculo 148 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica y el Art\u00edculo 29, apartado 1, inciso g), de la Ley No. 140 (De los tribunales de justicia), dict\u00f3 el Dictamen n\u00famero 475, de 23 de mayo de 2025. En \u00e9l se reafirma que los hechos il\u00edcitos que afectan a infraestructuras cr\u00edticas del pa\u00eds, entre las que se encuentra el Sistema Electroenerg\u00e9tico, incurren en el delito de sabotaje, el cual protege el normal uso o funcionamiento de bienes p\u00fablicos, la seguridad y estabilidad del Estado y sus instituciones, el orden interno mediante la protecci\u00f3n de sus medios, recursos e instalaciones, y cualquier actividad priorizada para el pa\u00eds, como lo es el programa energ\u00e9tico.<\/p>\n
Asimismo, el Art\u00edculo 80 del C\u00f3digo Penal establece que a los responsables de este il\u00edcito se les puede apreciar, seg\u00fan el caso, las agravantes relativas a la intervenci\u00f3n como miembro de un grupo integrado por tres o m\u00e1s personas; la participaci\u00f3n de menores de dieciocho a\u00f1os; el empleo de medios que provoquen peligro com\u00fan; el aprovechamiento de la nocturnidad; haber actuado por lucro; hacerlo bajo los efectos de bebidas alcoh\u00f3licas, drogas o sustancias de efectos similares, si se coloc\u00f3 en tal situaci\u00f3n para delinquir; entre otras.<\/p>\n
Por su parte, el Art\u00edculo 89, apartado 2, de la mencionada norma penal establece que a los sancionados se les puede aplicar la obligaci\u00f3n de extinguir, al menos, dos tercios o m\u00e1s de la sanci\u00f3n impuesta para evaluar si se le concede el beneficio de la libertad condicional.<\/p>\n
Los tribunales, \u00f3rganos colegiados que imparten justicia en nombre del pueblo de Cuba, en cumplimiento del debido proceso y las garant\u00edas establecidas en los Art\u00edculos 94 y 95 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, han actuado hasta el presente con el rigor y la racionalidad que dichas conductas exigen, a partir de la gran lesividad social de hechos de esta naturaleza.<\/p>\n
Muestra de ello es que, en el periodo enero-diciembre de 2025 y el primer trimestre de 2026, las salas de los Delitos contra la Seguridad del Estado de los tribunales provinciales populares impusieron al cien por ciento de las personas juzgadas condenas de privaci\u00f3n de libertad superiores a los diez a\u00f1os, as\u00ed como las accesorias consistentes en la prohibici\u00f3n de frecuentar lugares, el comiso, la confiscaci\u00f3n de bienes, la prohibici\u00f3n de salida del territorio nacional con sujeci\u00f3n al pago de la responsabilidad civil, entre otras.<\/p>\n