La expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández salió hoy al paso en la red social Twitter tras el pedido de un juez de solicitar su detención inmediata en el caso sobre presunta corrupción en la obra pública durante su mandato.

‘Después que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Muy obvios. Se nota demasiado’, disparó la exmandataria en ese espacio cibernético.

El fiscal Germán Moldes solicitó a la cámara federal ratificar el procesamiento contra la senadora a quien señala ser ‘jefa’ de una presunta asociación ilícita, dedicada a cobro de sobornos en la llamada causa de las fotocopias de los cuadernos de Centeno.

En el pedido, el letrado también señala a un grupo de personas, entre ellas el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, y los señala como ‘organizadores’ de la supuesta asociación.

Moldes consideró que Fernández debería perder los fueros parlamentarios para quedar ‘inmediata y efectivamente detenida’ una vez que la Cámara Federal confirme la decisión de Claudio Bonadio, el conocido juez antiK que impulsa esta y otras causas que le tiene abierta a la exmandataria.

Varias voces políticas salieron en defensa de la expresidenta entre ellas la legisladora por Unidad Ciudadana Mónica Macha quien apuntó: cada vez que el Gobierno necesita tapar sus propios desastres, aparece una nueva medida persecutoria contra Cristina.

Asimismo, la parlamentaria añadió que la utilización del Poder Judicial para correr de eje las verdaderas preocupaciones y necesidades de los argentinos es muy evidente.

‘De manual. Ayer se les cayó las 24 cuotas de (Javier) Iguacel (secretario de Energía), hoy piden la detención de Cristina, #bastadeperseguir’, subrayó por su parte el jefe del bloque de Diputados por el Frente para la Victoria Agustín Rossi.

El llamado caso de los cuadernos de Centeno en el que involucran a la expresidenta y varios funcionarios y empresarios, toma el apellido de un chofer que le manejaba a Roberto Baratta, exfuncionario del ministerio de Planificación durante la gestión de Fernández, quien dice haber llevado anotaciones de los movimientos de dinero.

El juez se basa en fotocopias de los cuadernos (los originales fueron quemados según Oscar Centeno), y las declaraciones de varios empresarios que han asegurado haber pagado coimas (sobornos) y se han sometido a la ley del arrepentido.

La expresidenta ha pedido varias veces realizar una auditoría de la obra pública en todas las instancias judiciales y se lo han negado y ha señalado que hoy se usa el poder judicial como un elemento de persecución política y proscripción de dirigentes populares.

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